Donar alimentos en Argentina es más costoso que desecharlos por trabas impositivas

Una preocupante realidad atraviesa el sector alimentario en Argentina durante 2025, donde el sistema vigente desincentiva la solidaridad empresarial. Según datos recientes, unos 73 millones de kilos de productos aptos para el consumo quedaron fuera del circuito de distribución, representando una pérdida económica calculada en 370.520 millones de pesos. Esta situación coloca a las empresas ante un dilema financiero complejo, donde el costo de logística y la carga tributaria convierten al descarte en una opción más económica que la donación.

El Banco de Alimentos Buenos Aires ha emitido una advertencia clara sobre este fenómeno, señalando que las barreras estructurales impiden que toneladas de víveres lleguen a quienes más los necesitan. La normativa actual no contempla incentivos suficientes para que las compañías asuman el gasto de trasladar y gestionar productos que, aunque aptos, corren riesgo de vencer si no se movilizan con rapidez. Este escenario de ineficiencia preocupa a diversos sectores sociales que ven cómo alimentos perecederos son destruidos en lugar de ser aprovechados.

Para muchos integrantes de la comunidad china en Argentina, especialmente aquellos dedicados al supermercadismo y la gestión de depósitos mayoristas, este problema no es ajeno. La complejidad administrativa para gestionar excedentes implica costos operativos elevados que, en un contexto de márgenes de ganancia ajustados, resultan difíciles de absorber. La falta de un marco legal que facilite la logística y otorgue beneficios fiscales por donar hace que muchos comerciantes deban optar por el desecho para evitar complicaciones contables o gastos imprevistos.

El impacto de esta situación trasciende el aspecto contable, afectando directamente la seguridad alimentaria de los sectores más vulnerables. Mientras el país enfrenta desafíos económicos significativos, la pérdida de esta magnitud de alimentos representa una oportunidad desperdiciada para aliviar el impacto de la inflación en la mesa de las familias. La necesidad de una reforma en el tratamiento de los excedentes alimentarios se vuelve urgente para alinear la eficiencia económica con la responsabilidad social.

A futuro, el debate se centra en la posible implementación de leyes que simplifiquen el proceso de donación, eliminando las cargas impositivas que hoy actúan como un freno. De concretarse cambios en la normativa, no solo se reduciría el desperdicio, sino que se fomentaría una red de contención más robusta. Mientras tanto, el sector privado aguarda señales claras del Gobierno para que la generosidad no sea castigada con costos adicionales que atentan contra la sostenibilidad del negocio.